CIEN AÑOS DE VIDA SOCIAL TRESARROYENSE
A TRAVES DE UN ARCHIVO JUDICIAL IMPRESIONANTE

El archivo de la memoria

Un total de 12 mil expedientes, fechados entre 1866 y 1978, correspondientes al Juzgado de Paz local, fueron recuperados, resguardados y digitalizados por el Museo Mulazzi. Sus páginas, celosamente protegidas por finos lienzos, contienen registro desde los últimos malones hasta la venganza por una relación íntima interrumpida. La fina lectura de esas amarillentas hojas, escritas con caligrafía primero y a máquina después, permiten reconstruir, partiendo de causas judiciales, más de cien años de historia lugareña. Tres Arroyos bajo la lupa, en un nuevo dossier de investigación de "El Periodista"

Pocas pistas permiten reconstruir la historia de una comunidad como lo hace el contenido de expedientes judiciales. Tanto la aspiración primigenia y el posterior trabajo de recuperación que llevaría adelante el equipo del Museo Mulazzi coordinado por Marisa Martín, como la idea central de la tesis del profesor Leandro Di Gresia, son una muestra de esto. Para los primeros, recuperar estos 12.000 expedientes en muchos casos estropeados por el paso del tiempo y estragados por la humedad, para luego digitalizarlos, fue un desafío que llevó años hasta hacerse realidad. Para el segundo, repasar una y otra vez esos manuscritos, procesar y cuantificar la valiosa información que contienen, fue una forma de escuchar y hacer escuchar la voz de quienes no suelen aparecer en los libros de historia.
Hoy, en el Museo de San Martín 323, los expedientes originales del Juzgado de Paz de Tres Arroyos, desde 1866 hasta 1978, están celosamente guardados entre lienzos que, explicó Martín a "El Periodista", aíslan sus hojas -escritas a mano con la típica caligrafía de la época en los primeros años, a máquina más tarde-, de la tierra y no condensan la humedad. Pero además, luego de recorrer expediente por expediente, la gente del Museo digitalizó el archivo y lo puso así a disposición de la consulta del público. No es poco para proteger un tesoro que cuenta desde el impacto que causaron los últimos malones hasta la indiferencia con que la justicia trató algunos atentados políticos, cuando la agitación era parte constitutiva de la escena nacional.
Al mismo tiempo, como pocas instituciones, el Juzgado de Paz refleja en sus actuaciones varias cuestiones de la vida doméstica de los primeros tresarroyenses. Historias de robos, cuchilleros, mujeres infieles y hombres deshonrados, "vaquitas ajenas" y deudas incobrables pueblan las páginas de expedientes que, con funcionarios a veces poco capacitados, se resolvían de acuerdo al humor del juez o la cara del denunciado.
En este dossier de investigación, "El Periodista" reproduce, con la valiosa guía de Marisa Martín y sus colaboradores, algunas de las historias más curiosas, por distintos motivos, que aparecen en las causas judiciales. Y en una entrevista exclusiva, el licenciado en Historia Leandro Di Gresia, tresarroyense, cuenta por qué eligió el archivo para su tesis doctoral y qué particularidades encontró en él.
Cabe señalar que el archivo se encuentra en el Museo Municipal José Mulazzi por Convenio de Preservación y Organización de la Documentación Histórica de los Juzgados de Paz de la Provincia de Buenos Aires, con el Departamento Histórico de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Los últimos malones
El Libro Copiador de 1873 es el más antiguo que atesora el archivo del Museo Mulazzi. En sus páginas, con una tinta extraordinariamente conservada y escrito con pluma, figura el alarmante oficio que Bernardo Arriaga dirigió, desde el Juzgado de Paz local, al ministro de gobierno Aristóbulo Del Valle. Preocupado, Arriaga da cuenta en el texto en cuestión de "las recientes invasiones que han tenido lugar en el partido de los Tres Arroyos". Nada más ni nada menos que el registro de los últimos malones, claro está, pasado por el tamiz de la visión de un funcionario de la época y con la concepción que entonces se tenía de los aborígenes.
El oficio está fechado el 9 de Mayo de 1875, y dice: "Me es satisfactorio, Sr. Ministro, poder llevar al conocimiento de Ud. los gravísimos sucesos que han tenido lugar en esta parte de la frontera Costa Sud en el corto período de seis meses, animado por la esperanza de que el conocimiento de ellos sirva para persuadir al Excmo. Gobierno Nacional de la urgente necesidad que hay de guarnecer de una manera conveniente y eficaz, aquella parte de la frontera".
Según Arriaga, desde el mes de noviembre de 1874 hasta la fecha en que redacta el texto, "han tenido lugar tres invasiones en la frontera Costa Sud. La primera se efectuó en noviembre, la segunda en diciembre y la tercera en abril ppdo.", advierte.
Y relata que "en la primera de estas invasiones, los indios penetraron en los partidos de Juárez y Tres Arroyos; en la segunda, que fue la más formidable y desastrosa, pasaron por estos Partidos, llevando sus depredaciones al mismo Juzgado de Paz de Necochea, 25 leguas adentro de la línea de frontera". Precisa, con un particular estilo, que en la tercera "tocó en suerte al Partido de los Tres Arroyos pagar la rapacidad y barbarie de los indios, el tristísimo tributo de las vidas e intereses de muchos de sus pobladores".
A renglón seguido, Arriaga cuantifica los daños, con números que no es posible comprobar pero sin duda causaron alarma por entonces. "Los desastres sufridos en las primeras invasiones son aterradores: la hacienda que los indios se llevaron asciende a 60.000 cabezas de ganado vacuno, 40.000 yeguas, 15.000 o 20.000 ovejas y 10.000 o 12.000 caballos, 51 vecinos asesinados, muchas familias cautivas y gran número de poblaciones saqueadas".
Más adelante, el propio funcionario relata haber acudido "en protección del Juez de Paz de Benito Juárez, que fue saqueado por los indios".
Para luego continuar en el mismo tono de preocupación. "El desierto avanza rápidamente sobre las líneas que la civilización le abandona, y cuya conquista sobre los bárbaros le ha costado al país tantos sacrificios de sangre y de dinero. Si este estado de cosas se prolonga, no es aventurado prever que dentro de no mucho tiempo estos partidos habrán desaparecido de la carta geográfica de la Provincia, pasando del dominio de la civilización al de los indios de la Pampa", sostiene Arriaga.
Finaliza recordándole a Aristóbulo Del Valle que la frontera cercana estaba, entonces, protegida por apenas 80 hombres en el campamento Sauce Corto. Necesitaba ayuda.

Boleando avestruces
El 1º de octubre de 1897, el Juzgado de Paz inicia el expediente 189 caratulado "Galarce Serafín y Martín. Por boleada de avestruces". El juez es Vignau y su secretario, José María Goicochea.
El denunciante es don Martín Goizueta, que de puño y letra escribe un acta en la que pone a disposición del comisario "a los dos detenidos", que fueran sorprendidos en su campo del Cuartel XI "corriendo avestruces…y como eso está completamente prohibido y más es por repetidas veces que lo hacen, espero de Ud. los corregirá al respecto". Interpelados por el propio Goizueta, los acusados admiten su falta y son conducidos a la dependencia policial.
Al día siguiente, 2 de octubre, el expediente da fe de la comparecencia de los hermanos Galarce frente al juez de Paz "para que se les notifique la causa de su prisión, que consiste en estar acusados de haber boleado avestruces sin consentimiento del dueño del campo, según parte del señor comisario".
En la tercera foja, las actuaciones judiciales indican que "procedí al examen correspondiente…y previo juramento de ley…fueron interrogados de la manera siguiente: Preguntados si es cierto que se les encontró boleando avestruces…contestan que efectivamente es cierto". Como es de esperar, los Galarce aseguran desconocer que estaban cometiendo un delito.
El fallo de Vignau no demora. Los condena, ese mismo día, "a cada uno de los individuos a pagar diez pesos m.n. (moneda nacional) de multa o en su defecto a sufrir diez días de trabajos a favor del partido, a contar desde la fecha".
Los Galarce eligen la multa. El 2 de octubre, la Intendencia Municipal (que recaudaba las multas) emite el recibo Nº 118 a Serafín, y el Nº 119 a Martín, por diez pesos cada uno.

Las ovejas de Gomila
En 1899, el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal Departamento del Sud remite al Juzgado de Paz local las actuaciones caratuladas "Sumario para la averiguación de quién o quienes son los autores de un hurto de animales lanares propiedad de don Teófilo Gomila, en el partido de Tres Arroyos".
El 16 de diciembre del año anterior, Gomila, "oriental de 51 años", residente en La Plata, había denunciado en esa ciudad "que desde hace algunos años viene sufriendo robos en los planteles de ovejas finas y carneros importados, carneadas de capones y robos de caballos…Estos hechos han sido denunciados a la Policía del Partido de Tres Arroyos, en cuyo paraje tiene situado su establecimiento de campo, denominado "Cabaña La Libertad".
Lo que sigue es un expediente de varias páginas en las que sin solución de continuidad, distintos puesteros del propio Gomila y de los campos vecinos van deslindando responsabilidades y sugiriendo sospechas en torno a ovejas señadas y contraseñadas.
Gomila mismo recuerda en su denuncia que un tal Atanasio Canal dice haber visto en su campo, vecino a La Libertad, ovejas de la señal que le pertenece, "punta de lanza de abajo la derecha, horqueta y muesca de arriba la izquierda", en el predio de un tal Appatíe. Manda un peón a entrevistarse con el mayordomo del nombrado, pero ni rastro de las ovejas.
En Tres Arroyos, un buen día y mientras se sustancia la causa, se encuentra con un ex encargado suyo, Guillermo Villegas, que le recrimina "que lo habían tenido preso a él y a sus dos hijos, incomunicados, cuatro días con sus noches", y hasta le allanaron la casa. Gomila le niega haberlo denunciado.
El expediente da paso a la declaración de Villegas, quien dice haber sido encargado de La Libertad durante 3 años, dos a sueldo y por el tercero recibió una majada. Ofrece detalles del movimiento de las ovejas, y acusa la falta de 166. No sospecha de nadie.
Es el turno de Gardey, encargado de Appatíe, quien ante la justicia reconoce haber visto ovejas contraseñadas en el campo de su patrón, y desliza el nombre del puestero Nicasio Díaz.
Díaz también es citado a declarar, y dice conocer la señal de los animales de Gomila por haber trabajado con él. Incluso asegura haber visto en la majada de Appatíe a su cargo dos ovejas, una con su cría, de la señal referida, aunque advierte que no sabe cómo llegaron allí. Acusa, sin embargo, a un tal Gregorio Cardozo de tener unas 20 ovejas en esa misma situación.
Cardozo reconoce frente a la autoridad que vio las ovejas, y como no sabía de quién eran le avisó al dueño del campo.
Declaran varios puesteros más, muchos de los cuales no saben escribir ni firmar y requieren del auxilio de testigos que lean y suscriban las actas. Entre las rúbricas aparece la de un tradicional miembro de la comunidad de la época cuyos familiares siguen viviendo en Tres Arroyos: el francés Bautista Larriestra.
Cada uno de los declarantes ensaya, a modo de croquis, la marca que corresponde a las ovejas de Gomila. Los dibujos no difieren demasiado, pero de los incontables robos sólo aparecen diez animales, que son puestos en depósito de un puestero ajeno a los acontecimientos y al entuerto del expediente. El Juzgado de Primera Instancia termina declarándose incompetente, y de las demás ovejas de Teófilo Gomila, ni señales.

Por un par de trenzas
Corre 1904 cuando se inicia el expediente caratulado "denuncia sobre cortadura de cabello". Ahora, el ex secretario José María Goicochea ha ascendido al cargo de Juez de Paz, y lo secunda Higinio Vizcaino.
El 23 de mayo de 1904 se presenta ante el sargento encargado Antonio Cordero la española Bárbara Gutiérrez, "de 39 años, casada, de profesión ama de casa y domiciliada en el Cuartel Micaela Cascallares". La nombrada expone que "hace un mes…siendo la 1 o 2 a.m., le fue cortado el cabello por el sujeto Augusto López…porque (sic) la declarante se negaba a seguir las relaciones íntimas que con él había tenido, y que para llevar a cabo el hecho penetró por la ventana, la que le hizo saltar la aldaba, valiéndose para ello de un cuchillo de grandes dimensiones".
Gutiérrez reconoce que del hecho que denuncia no hubo testigos. Se le hace saber, textualmente, "que debe justificar la preexistencia del cabello que dice le fue cortado". Y presenta como prueba irrefutable las dos trenzas. "Acompaña denuncia porción de cabello", reza el expediente.
Para reforzar los dichos de Bárbara se convoca a declarar a su marido, también español, quien reconoce que a la mujer le cortaron el pelo, que fue el sujeto Augusto López, "quien parece haber mantenido relaciones íntimas con su esposa". No obstante, tiene que admitir que no vio el momento en que la infiel era despojada de sus trenzas, lo que pone en duda su eficacia como testigo.
Hasta que es convocado el propio López, de 25 años, carpintero y soltero. Este asegura conocer a Bárbara Gutiérrez (para el escarnio del pobre marido), "por haber mantenido con ella relaciones". Pero niega haber cometido el hecho por el que se lo acusa.
Finalmente, y apenas 5 días después, el juez de Paz Goicochea falla "no contando con elementos suficientes para demostrar la perpetración del delito denunciado". Y resuelve sobreseer a Augusto López.

Ataque a balazos
Como se podrá apreciar en los conceptos del profesor Leandro Di Gresia (ver nota aparte), a la justicia de Paz no le interesaba resolver conflictos políticos.
El 24 de diciembre de 1945 se inicia un expediente con la intervención del juez de Paz Nicolás Ciancaglini. Por entonces, el comisario es Héctor Semper y el oficial escribiente que toma la denuncia es Francisco Noel.
En la Comisaría se presenta Alfredo Ibarra, quien dice ser encargado del Comité Centro Laborista que funciona en aquella fecha en Lavalle y Saavedra. Allí, desconocidos han efectuado tres disparos de arma de fuego contra la puerta y la vidriera, y aún hoy está adosado al expediente un sobre lacrado que contiene los restos de dos de los proyectiles secuestrados en el local atacado.
Ibarra presta declaración, y asegura no saber de dónde proviene el atentado. Hasta dice no haber escuchado nada, ni siquiera el sonido de los balazos.
Su esposa, que vive con él en una propiedad detrás del local, también comparece ante la justicia y relata haber oído esa noche no sólo los disparos, sino también el motor de una camioneta o camión.
La causa tiene varias fojas, entre ellas prolijos croquis de la zona, del local y de los impactos de bala, precisa el lugar donde se hallaron los casquillos y abunda en datos sin demasiada importancia. Pero se cierra sin que se determine nada acerca del ataque, algo que se repetiría más tarde con varios expedientes y en tiempos de agitación política.

LEANDRO DI GRESIA, LICENCIADO EN HISTORIA,
Y SU TESIS CON BASE EN EL ARCHIVO JUDICIAL

La sociedad bajo
una lente poderosa

El licenciado en Historia Leandro Di Gresia está utilizando el archivo digitalizado del Juzgado de Paz para elaborar un excepcional trabajo de tesis sobre la conflictividad jurídica en la zona de Tres Arroyos, a lo largo de un siglo. Ya completó los primeros 30 años, y en esta entrevista compartió con "El Periodista" sus valiosos hallazgos. Desde el rol de los jueces de Paz como mediadores sociales, hasta la aparición de la mujer como activa iniciadora de causas reclamando por sus derechos. Una forma inmejorable de observar las relaciones sociales en el nacimiento de la comunidad tresarroyense. Exclusivo

Leandro Di Gresia, licenciado en Historia, enfocó su tesis de doctorado hacia la investigación judicial, y encontró un material muy rico en el archivo digitalizado por el Museo Mulazzi.
"La idea fue trabajar con el archivo para ver la conflictividad social en el sur de la provincia, qué prácticas eran criminalizadas o convertidas en delito por parte del Estado. No sólo en la legislación sino también en las prácticas cotidianas de regiones marginales como esta, a mediados del siglo XIX, antes de que se insertara en el esquema de producción y se produjera una mayor intervención estatal. Mi trabajo abarca todo un siglo, desde 1850 hasta 1950 o fines del peronismo, cuando ya el Estado va a entrar 'con todo'", explicó el investigador a "El Periodista".
La primera etapa del estudio de Di Gresia abarca hasta 1902, y es el núcleo de esta entrevista que concedió en plena tarea, porque permite como quizá pocos documentos, reconstruir los primeros años de historia tresarroyense. Ese año, precisamente, Tres Arroyos cambia de dependencia a nivel judicial, y las actuaciones se modifican. "Hasta ese momento toda esta jurisdicción dependía del Departamento Judicial del Sud con sede en Dolores, y desde 1902 se crean los Tribunales en Bahía Blanca, de manera que todas las causas van a parar a esa ciudad", puntualizó.

Civiles sobre criminales
Según detectó el profesor, hasta 1902, la mayor parte de las causas contenidas en el archivo del Juzgado de Paz son demandas civiles. "Justamente lo contrario de lo que uno podría pensar, porque imaginamos ésta como una época de peleas y muertes, y si bien hay expedientes iniciados por estas causas, se observa que el Juzgado no se preocupaba por resolverlos. Del total, un 60 por ciento son demandas por cobro de pesos, arrendamiento de campos; mientras que el otro 40 por ciento son vinculadas a prácticas criminales. Muy escasos son los delitos políticos, y muy pocos los que podemos denominar delitos contra el Estado", señaló. No obstante, estos últimos -el más común era el desacato a la autoridad-, son los únicos que tienen algún tipo de penalidad inmediata.
"Se ve que a esta figura del Juez de Paz le interesa tener una mayor presencia como garante del orden social, que penalizar prácticas cotidianas como la pelea o el cuchillo", observó Di Gresia. De los delitos penales, el archivo permite inferir que el juez de Paz "tomaba noticia del hecho, a través del acta que iniciaba la policía, o algún alcalde, si es que no ocurría dentro de la zona más urbanizada, pero no seguía la investigación. Seguramente por lo habitual de estas prácticas (riñas, lesiones) no había interés en castigarlas", indicó el entrevistado.

Inmigración y mayor conflicto
Con el comienzo del flujo migratorio, que impacta con fuerza aunque no de manera excluyente (también está el desarrollo agrícola) en el crecimiento de la población -de 550 personas en 1869, a 10.423 en 1895-, se vería que la justicia de Paz "actuaba de manera diferente si se trataba de un vecino ya asentado en una población, o un inmigrante recién arribado. Había una suerte de red de contención de la sociedad civil, que en el caso de un vecino conocido, sea o no rico, tendía a diluir la penalización o el castigo. En este sentido, el Juzgado de Paz tendía más a mantener la armonía local que a encarnar la figura de un Estado que controla a la población. Ese tipo de conflicto tenía a veces una resolución extrajudicial, se trataba de arreglar a través del mismo juez de Paz", destacó Di Gresia.
Más tarde, el choque cultural con los inmigrantes será origen de un aumento significativo en la conflictividad social. "Después de 1902 se nota una mayor presencia de prácticas violentas, expedientes iniciados por muertes y peleas con heridas graves. La población es mayor, son más de 10.000 personas, y esta zona se convierte en una especie de crisol que seguramente favorecía los enfrentamientos. Este es el momento en que se advierte la aparición de prácticas vinculadas con el honor, como el duelo", puntualizó el profesor.
En los tiempos aludidos, estimó Di Gresia, el rol de la justicia de Paz "que juega mucho entre lo local y lo estatal", es intentar introducir la legislación del Estado para regular conductas y eliminar esas prácticas más habituales del mundo rural. "Y de esta manera introducir su lógica, que apunta a la existencia de instituciones que regulen las relaciones entre los individuos. Por entonces el Estado se encargaba de promover muchísimo las acciones a través de la justicia de Paz, que era la única que entraba en contacto con lo cotidiano", explicó.

Cargos
Los jueces eran legos, y esta es una característica para tener en cuenta en la comprensión del funcionamento de la justicia de Paz. "No tenían ninguna formación en derecho, eran vecinos comunes que además no recibían paga, y si eran designados no podían renunciar porque se trataba de una carga pública. Eso también explica por qué había fluctuaciones en las penas y el tratamiento distinto que recibían los casos", advirtió Leandro Di Gresia.
En virtud de que la población aún no estaba asentada, hasta 1902 era habitual una fuerte rotación de jueces. "Tres Arroyos surge a nivel institucional recién en 1890. Pero es importante señalar además que el cargo que le daba estabilidad al Juzgado de Paz no era el de juez, sino el de secretario. Y el secretario era el único que cobraba. Los expedientes que encontramos son de puño y letra de los secretarios, que en muchos casos tenían más formación que los propios jueces. Y en muchas oportunidades el secretario le daba continuidad a la tarea y ascendía, aunque ese ascenso significaba sólo prestigio, porque en la realidad no les convenía ya que no cobraban y además se creaban enemistades locales. No hay que olvidar que a pesar de buscar esa armonía en la comunidad, algunos crímenes debían ser penalizados", sostuvo Di Gresia.

La mujer
Tanto en el exhaustivo trabajo que realizó Leandro Di Gresia como en la recorrida que, con la inestimable asistencia de Marisa Martín, llevó adelante "El Periodista" sobre el archivo del Juzgado de Paz, fue imposible no advertir la presencia de muchos episodios de violencia doméstica entre las causas registradas. Sin embargo, y a diferencia de lo que suele ocurrir en la actualidad, que torna necesario insistir en la importancia de que el maltrato se denuncie en busca de su resolución, a fines del siglo XIX "se encuentran muchos expedientes iniciados por mujeres, reclamando justicia en alguna situación particular de violencia familiar, violaciones; o bien por sus derechos, de herencias, alquileres, y eso es importante porque la mujer encontraba en la justicia de Paz una suerte de garantía, de vía para reclamar y resguardar sus derechos. Ese es un tema muy interesante para trabajar en la justicia de Paz, porque en general la mujer es un personaje oculto, es muy difícil ver en otros aspectos cómo se relaciona la justicia con la cuestión de género", opinó el investigador.
De todas maneras, aunque la justicia de Paz era una posibilidad institucionalizada de hacer valer sus derechos para las mujeres, se entendía que en el caso de una mujer casada, debía prevalecer la figura del marido para llevar adelante el juicio. "Hay muchos expedientes que fueron iniciados con la denuncia de la mujer porque el marido estaba ausente. Y aunque después volviera y prosiguiera la causa, lo importante es que ella la iniciara", opinó.
En este sentido, Di Gresia consideró que el archivo del Juzgado "es la mejor lente para ver la sociedad en escena, el rol de la mujer y también de los niños. Hay algunos expedientes en los que aparece el defensor de menores, ya a fines del siglo XIX. Este funcionario se hace cargo de los chicos y hasta los reubica en otras familias en caso de violencia, por ejemplo".

Bienes y penas
El escaso registro de conflictos políticos es un indicador, para el profesor, de que la Justicia de Paz no buscaba la resolución de este tipo de casos. "Tal vez encontraban tratamiento en la justicia de primera instancia. Seguramente entre los expedientes que no volvieron al Juzgado local deben estar los crímenes políticos resueltos", estimó.
Al parecer, muchos expedientes girados desde la esfera local eran rechazados por la justicia ordinaria. "Hay que tener en cuenta que los jueces no tenían formación, impartían justicia muchas veces leyendo el Código Rural y aplicando tal o cual artículo. La formación la iban adquiriendo en la tarea", señaló el profesor.
Sí se registraban con mayor frecuencia los delitos contra el Estado, especialmente el desacato a la autoridad, "y los jueces se encargaban de que se cumplieran las penas de multas -que eran ingresos para el municipio-, el arresto o los trabajos públicos".
En aquel tiempo, el Juzgado de Paz tenía muy pocos bienes e ingresos, y en las comunicaciones que se enviaban a la Suprema Corte de Justicia siempre figuraban pedidos en tal sentido. "De hecho hasta 1886 ni siquiera tuvo edificio propio, y rotaba por las distintas estancias según el juez que se designara. En los primeros inventarios constan los elementos más simples, una o dos plumas, el libro de sentencias y los expedientes, y con el paso de los años los bienes de los juzgados se van multiplicando", puntualizó.

La voz de la gente
Las historias más curiosas del archivo llaman la atención, para Leandro Di Gresia, no tanto por los hechos que las originaron como por la dimensión que una pequeña cuestión puede tomar en un expediente de esa época. "Hay una causa iniciada por el robo de una bolsa de plumas de avestruz, cuya caza estaba penalizada. Pero como la compra un vecino importante del lugar, que incluso había sido alcalde, se arma un expediente descomunal solamente por una bolsa de plumas. Hay otra que también es anecdótica: el hijo de Gomila había huído de la cárcel y se arma un expediente para que lo busquen y lo apresen, sin resultado. Hay varias de violencia doméstica y violencia en los prostíbulos que en aquel tiempo, en Tres Arroyos, eran muchos. Y peleas de cuchillo…", enumeró.
Pero lo más importante de estos estudios sobre la justicia, que según Leandro Di Gresia han empezado a realizar con fuerza en la Argentina en los últimos 10 o 12 años, es que son un verdadero mirador de las relaciones y las prácticas sociales. "Antes, se estudiaba a la justicia más desde lo institucional. Y es muy significativo todo lo que aparece, todo lo que está puesto en voz en las declaraciones de los protagonistas, porque aunque esté mediatizada por la intervención de un secretario, esa es, en muchas oportunidades, la voz de sectores subalternos, populares, que no queda registrada en ninguna otra parte", concluyó el investigador.